El gobierno español tomará control de Cataluña dependiendo de la respuesta de Puigdemont

Yeray Díaz Zbida from Melilla, España [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons

El sábado 14 (ayer), el ministro del interior español dijo que el gobierno de España tomaría control de Cataluña si el líder regional Carles Puigdemont no clarifica si declaró la independencia el martes o no.

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Artículo original publicado el 15/10/2017

​El martes por la noche, Puigdemont hizo una declaración simbólica de independencia, anulándola pocos segundos después y pidiendo negociar con Madrid.

Mariano Rajoy, el presidente de España, le dio hasta el lunes para clarificar su posición y hasta el jueves para cambiar de idea si decide continuar fomentando la separación entre el estado español y Cataluña. Dependiendo de su respuesta, puede que el Gobierno suspenda la autonomía de Cataluña. Esto puede ser hecho con el Artículo 155 de la Constitución española. Este artículo le da derecho a Madrid a suspender la autonomía de una región si esta rompe la ley.

Hay que recordar que en la Constitución de 1978 no hay ningún artículo que permita a las autonomías organizar un referéndum para obtener la independencia del gobierno central. Por ello, lo que ha hecho Cataluña resulta ilegal.

La activación del Artículo 155 sería un momento histórico ya que este artículo nunca ha sido utilizado desde que la Constitución fue adoptada tras la muerte del dictador Francisco Franco.

La fecha límite dada por Madrid pone a Puigdemont en una situación difícil: si sigue adelante con la independencia, el gobierno central tendrá que intervenir y restaurar el orden, organizando nuevas elecciones regionales. Pero, por otro lado, si Puigdemont decide retractarse, perderá el apoyo del partido catalán CUP, poniendo en riesgo su gobierno minoritario.

Por el momento, algunos partidos catalanes independentistas y organizaciones, como Assemblea Nacional Catalana o Esquerra Republicana de Catalunya, están empujando a Puigdemont para que se dé prisa y declare la independencia antes de la fecha límite impuesta por el gobierno español.