Tras meses de espera, el tribunal alemán de Schleswig-Holstein ha dado finalmente una respuesta a la euroorden española que pesa sobre Puigdemont: solo han aceptado la extradición por malversación de fondos públicos.
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El miércoles 12 de junio de 2018, el tribunal alemán de la región de Schleswig-Holstein aceptó extraditar al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont por malversación de fondos públicos, pasando por alto la acusación de rebelión. Por el momento no hay fecha para dicha extradición, ya que la fiscalía alemana todavía debe aprobar la decisión del tribunal alemán.
La decisión del tribunal alemán no ha sorprendido a nadie. Hacía ya meses que se sospechaba que esta iba a ser la decisión e incluso varias personas en el Tribunal Supremo estaban pensando en otras alternativas, como recurrir la decisión ante la Corte Europea o no aceptar la decisión actual y dejar a Puigdemont fuera de España. Esta opción ha vuelto a ser considerada ahora que la decisión se ha dado a conocer, ya que juzgar a Puigdemont únicamente por malversación de fondos públicos acarrea una pena máxima de 12 años, mientras el delito de rebelión está castigado con hasta 30 años de cárcel.
La fiscalía alemana aún tiene que esperar un mes, ya que los abogados de Puigdemont pueden recurrir la decisión del tribunal, lo que ya han confirmado que harán. En el peor de los casos, ni siquiera se podrá extraditar a Puigdemont por malversación de fondos públicos.
La decisión del tribunal alemán fue acogida de forma diferente por cada parte. Los independentistas la encomiaron como si validase su causa y han usado la decisión como propaganda para su movimiento y contra el estado español. En el Tribunal Supremo, los jueces estaban descontentos con la forma de proceder de la justicia alemán. En teoría, el tribunal alemán no tiene que analizar los hechos y basarse en su opinión para aceptar la demanda, sino limitarse a la información proporcionada por el juez español. Lo que, a todas luces, el tribunal de Schleswig-Holstein no hizo. Por ello el Supremo se está planteando llevar el asunto ante la Justicia Europea en Luxemburgo.
En todo caso, lo que sí está claro es que Puigdemont sigue en Alemania. Si el juez Llarena rechaza aceptarlo únicamente por malversación de fondos, Puigdemont tendrá que vivir fuera del país por lo menos 20 años ya que la orden de detención en España dura ese tiempo.
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