El Estado español a contratado a un buffet de abogados belgas para defender al juez español.
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Durante el mes de junio de este año, Puigdemont y el resto de los exconsejeros fugados decidieron denunciar al juez en cargo de su caso en España, el juez español de la Corte Suprema Pablo Llarena. Según la denuncia, al juez le falta objetividad para tratar el caso. Esta supuesta falta de objetividad viene del hecho que el magistrado a declarado que Puigdemont y sus amigos no son “prisioneros políticos” (y que entonces solo son políticos en la cárcel).
En teoría, el juez debía presentarse, o ser representado, el 4 de septiembre en Bruselas, frente al tribunal civil. Obviamente, el Estado español a tenido que contratar abogados para defender al magistrado de la Corte Suprema. Después de considerar una serie de opciones, el ministerio de Justicia español ha decidido de contratar al gabinete de abogados belga Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, expertos en litigios internacionales, quienes estarán a cargo del caso. Será el abogado Hakim Boularbah, experto en litigios internacionales, quién estará a cargo del caso. En total, el Estado ha tenido que prever cerca de 450 000 euros, más 95 000 en impuestos, por un total de cerca de 545 000 euros en costes de defensa. Si la demanda es rechazada por el tribunal belga, los costes serán menos elevados.
Esta cifra ha enfadado a más de uno en España. Muchos han criticado la decisión del gobierno, preguntándose si la responsabilidad del gobierno es realmente proteger a sus jueces, y hasta que punto. Es cierto que 550 000 euros no es una pequeña suma, pero no hay que olvidar que, si hemos llegado a este punto, es no solo por la incapacidad del gobierno español de resolver los problemas con Cataluña de una vez por todas, sino también por las mentiras que Puigdemont y sus amigos pueden decir libremente en el extranjero, sin que tenga ninguna repercusión legal. Finalmente, la justicia belga no tiene por qué meterse en este caso, y el hecho que una denuncia tan ridícula haya sido aceptada ensucia el nombre de la justicia en general. Varios juristas de Bélgica se preguntan también si es posible atacar en justicia a un juez de otro país. Es ese punto que las autoridades españolas y el abogado de Llarena esperan poder utilizar para cerrar este caso lo más temprano posible.
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