Hace poco más de una semana nos enteramos de que Puigdemont y los exconsejeros fugados habían denunciado al juez Llarena en Bélgica.
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La corte belga ya había citado al juez español que está investigando el caso de Puigdemont y los exconsejeros por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. El juez Llarena debía presentarse el 4 de septiembre, o bien en persona o bien mandando un abogado en su lugar.
Es aquí donde la historia se complica tanto para la denuncia como para Puigdemont y sus amigos. La citación para comparecer ante la justicia belga ha sido enviada al juez decano de Madrid, Antonio Viejo, y al Tribunal Supremo. El primero se negó a tramitar la petición ya que esta vulnera no solo las reglas europeas sino también la legislación española.
En el Tribunal Supremo se sintieron bastantes molestos con la demanda. Más de uno se pregunta de vez en cuando cómo ve la justicia belga y alemana a España. Parece que piensan que se trata poco más o menos de una república bananera o algo por el estilo y por ello no respetan la euroorden activada por el juez español. En cambio, la justicia española responde a la gran mayoría de las euroórdenes de estos dos países. La situación actual está creando desconfianza entre estos países y la justicia española empieza a plantearse la cuestión de si entregar como ha hecho hasta ahora a todos los criminales que piden Bruselas y Berlín.
Lo único que falta pues en este caso es que el juez belga emita una euroorden contra Llarena. A nadie le sorprendería que esto ocurriese viendo cómo se está comportando la justicia de un país que cuenta con una concentración elevada de terroristas musulmanes, etarras e independentistas.
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